El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emite dos nuevas sentencias contra la Junta por la disminución de las clases de religión

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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura -TSJEX ha emitido dos nuevas sentencias en contra de la reducción de horas de clase de Religión que recogía el Decreto 98/2016 de 2 de julio de la Junta de Extremadura. Estas sentencias obedecen a al recurso presentado por las tres diócesis extremeñas, a las que se unió la de Toledo, y al que presentaron los profesores de Religión. Ambas se suman a la emitida anteriormente por el mismo tribunal a favor también de la asociación de padres y madres APADEX en el mismo sentido.

El citado Decreto reducía en un 50% la carga horaria de la asignatura de Religión en 1º de ESO y un 50% la carga horaria de la asignatura de religión en 1º de Bachillerato. Además, obligaba al alumno que optase por la asignatura de religión -no a los demás a tener que escoger «ética y ciudadanía» y viceversa para completar las 6 horas de asignaturas Específicas e ignoraba la normativa nacional -LOMCE que establece la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión en 2º de Bachillerato, obviándolo en todo momento.

Los recursos sostenían que tal Decreto era contrario a las leyes del Estado, a los acuerdos entre Santa Sede y Estado Español, y al deseo de la inmensa mayoría de los padres extremeños que escogen, en uso de su libertad de elección constitucionalmente reconocida, la asignatura de Religión para sus hijos. En consecuencia, el TSJ de Extremadura anula el Decreto en los puntos mencionados, entendiendo que esa reducción de las clases de religión que pretendía la Junta de Extremadura era desproporcionada, pero que su ilegalidad viene además por ser una medida discriminatoria y contraria a la ley del Estado.

Aplicación inmediata

Según Francisco Lamoneda, abogado que ha defendido a las diócesis extremeñas, a los padres y a los profesores, «cuando se anula una norma, queda vigente la anterior», por lo que esta sentencia se tiene que aplicar ya «salvo que la Junta solicite la suspensión y el Supremo dicte un auto diciendo que mientras tanto se resuelva un posible recurso, quede en suspenso la sentencia del TSJEX. De lo contrario, esto es absolutamente aplicable desde que se solicite la ejecución por parte de los recurrentes, que va a ser inmediato».

En una nota, las diócesis se congratulan de que «con esta sentencia del TSJ, han quedado reforzados los derechos constitucionales de los padres a la libre elección, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones y en general, el respeto a la ley». También han querido dejar constancia de «su voluntad de diálogo y entendimiento, como han venido haciendo igualmente con anterioridad a dictarse el Decreto anulado».

En este sentido, el Vicario General y Secretario General de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Mateo Blanco Cotano, ha manifestado un cierto pesar por haber tenido que llegar a estos extremos en materia de educación, ya que, en otros terrenos, como en la defensa del patrimonio, las relaciones con la Junta son muy buenas. «Antes de que saliera el Decreto, señaló Blanco Cotano, quisimos dialogar y no quisieron dialogar nada, cuando nosotros tenemos mucho que decir en un asunto que está regulado por un acuerdo internacional entre el estado español y la Santa Sede, un asunto que afecta a la Iglesia, a los profesores de Religión, donde están detrás los padres, que en una grandísima mayoría solicitan la enseñanza de Religión para sus hijos. Pedimos una entrevista con la Consejera y fue un diálogo de sordos, con un papel hecho diciéndonos que eso era lo que había y que no si estábamos de acuerdo que recurriéramos».

Por su parte, el Delegado Episcopal para la Educación, Manuel García Sánchez, ha manifestado que, con el Decreto de la Junta, «un profesor de religión pierde un tercio de su sueldo, partiendo de la base de que son sueldos muy mediocres porque cobran por horas lectivas y detrás hay muchas familias, hay hipotecas…A otros niveles, como padres, queremos que nuestros hijos tengan una educación integral, y ahí entra la enseñanza de religión».

Manuel García ha declarado que no tiene sentido montar una polémica de este tipo en una región en la que la media de solicitud de religión es del 80%, y en el caso de Primaria, supera el 90%. También desveló que los profesores propusieron soluciones a la Consejería de Educación, sin hacer daño a ninguna asignatura, que no fueron escuchadas en ningún caso. «Lo intentamos una y otra, y otra vez, y no hubo manera, por eso planteamos el recurso los profesores de religión».

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